alcances en materia jurídico electoral de la recién promulgada ley 9379 para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad: un análisis de la función cuasi legislativa del tribunal supremo de elecciones

En el marco del vigésimo aniversario de la promulgación de la Ley 7600, y habiéndose cumplido ocho años desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado costarricense, se promulgó en agosto de 2016 la ley 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Esta norma busca dotar de asistentes personales y apoyo legal a aquellos sujetos con diversidad funcional cuya situación económica no les permite acceder a tales servicios. Además, estatuye la anulación de los regímenes de “Interdicción”, “Insania” y “Nombramiento de Curador” dispuestos en los códices civiles y de familia. Así, la Ley 9379 aboga por la recuperación de la capacidad de actuar de estos individuos, con lo que recobran aquellos derechos personales que habían perdido con su inhabilitación. Entre tales prerrogativas está el derecho al sufragio activo, en razón de lo cual se manda a reinscribir al Padrón Electoral a quienes fueron segregados en cumplimiento de una sentencia civil.